CERMI Andalucía ha solicitado a todos los grupos políticos que apoyen la postura de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y su decisión de evitar la celebración de estos eventos cómicos en los que participan personas de talla baja, apelando para ello a los municipios a que los suspendan al tener la potestad de otorgar el permiso definitivo, como así se puso de manifiesto en la reciente Comisión de Discapacidad del Parlamento andaluz.

 

Las entidades de las personas con discapacidad consideran necesario trasladar a todos los ayuntamientos y a los organizadores de estos espectáculos el contenido de la ley vigente de derechos de personas con discapacidad de Andalucía, ya que estos eventos incumplen algunos de sus artículos.

 

El movimiento andaluz de la discapacidad sostiene que estos espectáculos vulneran el cumplimiento de muchos preceptos y artículos de normativas autonómica, nacional e internacional sobre discapacidad y derechos humanos y denigran la imagen de las personas con acondroplasia.

 

Además, plantea la necesidad de  avanzar aún más y abolir definitivamente estos espectáculos burlescos que ridiculizan a las personas por motivos de discapacidad, aunque sean realizados con el consentimiento de las propias personas, ya que se pueden desarrollar actuaciones cómicas y humorísticas sin que estén basadas en dicha discapacidad, algo que no solo denigra a sus propios participantes, sino también al resto de personas de talla baja que ven socavada su dignidad por la negativa imagen que se proyecta a la sociedad.

 

CERMI Andalucía ha pedido a la Junta de Andalucía que suspenda estos espectáculos tras la celebración el pasado agosto de un evento de este tipo en la localidad sevillana de Constantina, argumentando para ello los preceptos y artículos de las leyes actualmente vigentes contrarios a este tipo de eventos, como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que insta a las instituciones a tomar las medidas oportunas para evitar actos que constituyan una discriminación de estas personas, así como las sentencias dictada por el Tribunal Constitucional que anteponen ante todo la garantía de la dignidad de las personas por encima de cualquier otra consideración.

 

Las entidades que representan a la discapacidad en Andalucía consideran que para la celebración de estos espectáculos no puede argumentarse que se trata de una práctica expresión del derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio, porque este derecho no puede ir en contra de la dignidad humana que defiende la Constitución y La Declaración Universal de los Derechos Humanos.